Para ordenar al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico realizar un estudio sobre el costo de la práctica médica en Puerto Rico con el fin de proveer datos que justifiquen ante los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) la necesidad de un ajuste en los pagos a los proveedores de salud bajo el Medicare Fee Schedule; y otros fines relacionados.


Para añadir un nuevo inciso (l), y redesignar el actual inciso (l), como (m), en el Artículo 8 de la Ley 76‐2013, conocida como “Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico”, a los fines de adicionarle nuevas funciones y deberes a la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada, en atención al aumento vertiginoso de abuelos criando nietos; y para otros fines relacionados.

Para crear el Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico bajo la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, disponer sus poderes y prerrogativas, proveer para su organización, crear el puesto de Director del Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico, otorgarle funciones y deberes, requerir la creación y el desarrollo de un Plan Estratégico para combatir la trata humana en Puerto Rico, así como establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines.
Para añadir un Artículo 9.1 a la Ley Núm. 121 de 12 de Julio de 1986, según enmendada, conocida como la “Ley para establecer la Política Pública y la Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada en Puerto Rico”, a los fines de autorizar a una institución financiera a retener el desembolso de fondos de una cuenta que pertenezca a una persona de edad avanzada cuando tuviere conocimiento o sospecha de que dicha persona es víctima de explotación financiera, y requerir que informe la retención por conocimiento o sospecha de dicho caso.

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