COMUNICADO DE PRENSA

7 de febrero de 2018

DR. MARIO MARAZZI-SANTIAGO
DIRECTOR EJECUTIVO

Director Ejecutivo del Instituto asegura es un “precedente peligroso” y garantiza la pérdida de fondos federales la fusión de ese organismo en el DDEC

San Juan, PR, 7 de febrero de 2018 – Tras asegurar que sus disposiciones son contrarias a la política pública federal y estatal dirigida a evitar la manipulación de datos y estadísticas, el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto), Dr. Mario Marazzi-Santiago, expresó hoy su oposición al Proyecto de la Cámara 1403 (P. de la C. 1403) el cual propone la fusión del Instituto en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) con fines de externalizar sus funciones.

“Las disposiciones sobre el Instituto de Estadísticas en el P. de la C. 1403 son contrarias a la política pública federal y estatal dirigida a evitar la manipulación de datos y estadísticas, para beneficiar intereses de las administraciones de turno o de intereses privados con influencias. En fin, estas constituyen un precedente peligroso que destruyen la credibilidad de un sistema transparente, eficaz, objetivo e íntegro de recopilación de datos estadísticos para el beneficio de Puerto Rico”, expresó Marazzi-Santiago durante la presentación de su ponencia ante la Comisión Especial para la Reestructuración y Reorganización de Puerto Rico y la Comisión cameral de Gobierno.

El Director Ejecutivo del Instituto anticipó que de aprobarse y aplicarse el Plan de Reorganización al Instituto también conllevará la pérdida de fondos federales en ese organismo. Recordó que el 18 de diciembre de 2017 se aprobó la Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico, Num. 122-2017, con el fin de maximizar los recursos personales a Rama Ejecutiva la transferencia, externalización y creación de nuevas y mas eficientes estructuras gubernamentales y agencias. El Artículo 4.02 de dicha ley dispone que “cualquier cambio a u programa o agencia conforme a esta Ley se dejará sin efecto si el cambio tiene como resultado la pérdida de fondos federales en un programa que se utilice ne Puerto Rico”.

Agregó que, igualmente, el Artículo 14 del Plan de Reorganización Núm. 1 dispone que cualquier cambio a un programa o agencia conforme a esta Ley “se dejará sin efecto si el cambio tiene como resultado a pérdida de fondos feederales en un programa de se utilice en Puerto Rico”. En el caso del Instituto, la propuesta consolidación con el DDEC y la posterior externalización garantizan el incumplimiento de Puerto Rico con los acuerdos actuales con los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), bajo el National Violent Death Registration System, grant competitivo federal que el Instituto ganó hace poco, afirmó el Dr. Marazzi-Santiago.

“Tenemos el deber de alertar a esta honorable Comisión para que tome las acciones correctivas y enmiende el P. de la C. 1403 de manera acorde. En específico, en conformidad con el Artículo 4.02 de la Ley Núm. 122-2017, se debe enmendar el P. de la C. 1403 eliminando el capítulo entero dedicado al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico”, afirmó el Dr. Marazzi-Santiago.

El Dr. Marazzi-Santiago aprovechó su participación para proponer tres cambios a través de las cuales se pudiera efectivamente alcanzar mayor independencia para el Instituto, a diferencia de las medidas desacertadas contenidas en el P. de la C. 1403. A continuación las alternativas presentadas en su ponencia:

1. La Junta del Instituto cuenta con 1 miembro que es funcionario de gobierno. Esto puede limitar la independencia del Instituto. Para atender este detalle, se puede enmendar la Ley Núm. 209 para que ningún miembro de la Junta de Directores del Instituto sea funcionario de gobierno. De esa manera, se asegura la habilidad del Instituto de operar independientemente. Todos serían ciudadanos privados, sin conexión con las administraciones políticas actuales o anteriores, nominados en función de su integridad y objetividad personal y profesional, y de su preparación educativa y competencia demostrada en el uso de estadísticas, y laborarán en representación de los usuarios de los datos, y no de otros intereses.
2. Eximir al Instituto de las leyes administrativas que obstaculizan su capacidad de operar independientemente de las influencias políticas y que aumentan la burocracia, sin que ello implique que el Instituto abandone, de forma alguna, las políticas de sana administración pública que han distinguido sus operaciones desde sus inicios. Esto incluye las Leyes 66- 2014, 3-2017, 8-2017 y 26-2017. El Instituto debe poder designar a los expertos que considere apropiados para completar sus tareas altamente técnicas y a manejar su presupuesto asignado sin influencias políticas.
3. Disponer que todos o algunos de los candidatos para la Junta del Instituto sean propuestos por asociaciones profesionales e industriales que representen estos campos de especialización en lugar de funcionarios gubernamentales.

Por otro lado, en cuanto a la auto-sustentibilidad financiera del Instituto, el Dr. Marazzi-Santiago aseguró que ya existe una proyecto de ley (P. del S. 12) ante la consideración de la Asamblea Legislativa que propone enmiendas a la Ley habilitadora del Instituto y que le facultaría y permitiría obtener una mayor porción de sus ingresos de fuentes externas al Gobierno de Puerto Rico por lo que es innecesario externalizar el sistema de estadísticas para lograr esos fines.

El Director Ejecutivo del Instituto también destacó que existe amplia y abierta oposición tanto a nivel local como a nivel federal a las disposiciones relacionadas al Instituto en el Plan de Reorganización Núm. 1 y en el P. de la C. 1403, entre los que destacó a la American Statistical Association, la asociación profesional de estadísticos más grandes del mundo, al igual que 15 congresistas demócratas y republicanos, la Coalición del Sector Privado de Puerto Rico, la Red de Transparencia de Puerto Rico y unas 2 mil personas que en poco más de 1 semana formalizaron su posición a través de una petición cibernética en el portal change.org.

“Como resultado de la referida independencia operacional y fiscal, y de las sanas políticas de administración de recursos públicos adoptadas por el Instituto desde sus inicios, el Instituto es una de muy pocas entidades gubernamentales de Puerto Rico que se caracteriza por su eficiencia y agilidad, por nunca haber incurrido en déficit presupuestario, y por rendir al máximo las asignaciones presupuestarias que recibe. Dicho de otro modo, el Instituto no forma parte del problema de burocracia, redundancia e ineficiencia que la Ley Núm. 122-2017 y el P. de la C. 1403 se proponen atender. Por el contrario, el Instituto es una entidad pública que sirve como modelo de administración pública”, concluyó el Dr. Marazzi-Santiago.

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas, estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal. El IEPR posee en su inventario, accesible a través de www.estadisticas.pr.gov, cerca de 300 productos estadísticos. Además, es custodio y provee acceso a sobre 100 conjuntos de datos o “data sets” por medio de www.data.pr.gov y a sobre 40 tablas y más de 6 mil indicadores a través de: www.indicadores.pr.

Además, como la entidad líder del SDC de Puerto Rico, el IEPR maneja el portal del SDC, en el cual se encuentran los informes estadísticos principales y las publicaciones del U.S. Census Bureau sobre Puerto Rico, específicamente aquellas que son más solicitadas, tal como los estimados poblacionales anuales; la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (Puerto Rico Community Survey) y las estadísticas oficiales sobre los Censos decenales de población y vivienda de Puerto Rico, entre otras. El portal del SDC de Puerto Rico puede ser accedido a través de: https://censo.estadisticas.pr/.

Para más información puede visitar nuestra página web:www.estadisticas.pr.gov. Además, puede seguirnos en las redes sociales a través de las cuentas de Facebook (estadisticas.pr), Twitter (@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico).

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Contacto de Prensa: Sandra Morales Blanes / 787-688-0401

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Comunicado de Prensa

Falta de personas certificadas en bibliotecas para brindar asistencia tecnológica a personas con impedimentos

El dato surge de estudio realizado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe del estudio sobre servicios inclusivos y asistencia tecnológica en las bibliotecas de Puerto Rico del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el 83% de las bibliotecas participantes no tienen personas certificadas en asistencia tecnológica a personas con impedimentos.  De igual forma, casi el 40% de las bibliotecas indicaron no poseer computadoras o equipos electrónicos requeridos para cumplir con un programa de asistencia tecnológica para personas con impedimentos.

La Ley Núm. 63 del año 2011, tiene como objetivo principal establecer el Sistema de Servicios Bibliotecarios Inclusivos de Asistencia Tecnológica en todas las bibliotecas de Puerto Rico.  De igual forma, esta ley le ordena al gobierno “levantar datos estadísticos anuales sobre los Servicios Bibliotecarios Inclusivos de Asistencia Tecnológica”.  Desde su aprobación, el gobierno no ha podido cumplir cabalmente con esta encomienda.  Es por esta razón que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en colaboración con el Programa de Asistencia Tecnológica de la Universidad de Puerto Rico (PRATP), diseñó un sistema de recopilación y un conjunto de datos para que el Gobierno de Puerto Rico tenga la capacidad de recopilar, analizar y divulgar datos sobre la implantación de dicha ley.

Los datos presentados corresponden al año natural 2019 e incluye una muestra de las bibliotecas del sistema de la Universidad de Puerto Rico, universidades privadas, instituciones de educación superior y municipios. Éste es el primer informe que Puerto Rico realiza sobre las estadísticas relacionadas a la implantación de la Ley Núm. 63 del año 2011

“Como sociedad debemos y tenemos que garantizarles a todas las personas acceso a la educación y a la información, y las personas con impedimentos no pueden ser discriminadas.  Este estudio nos permite, además de cumplir con la ley, determinar dónde debemos hacer los ajustes necesarios para atender las necesidades de acceso a la información de las personas con impedimentos”, expresó el Dr. Orville M. Disdier, autor principal del estudio y director ejecutivo interino del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.  

A continuación, se presentan algunos de los hallazgos más sobresalientes del estudio:

• Un total de 36 bibliotecas completaron el cuestionario, la mayor de ellas de universidades privadas (39%).
• El 36% de las bibliotecas participantes no cuentan con un plan para implantar la Ley Núm. 63.
• La mayor parte (83%) de las bibliotecas participantes notificaron que no tienen personas certificadas en asistencia tecnológica.
• Solo el 8% de las bibliotecas participantes indicó que la administración tiene planes para ofrecer adiestramientos sobre el uso de programas y equipos de asistencia tecnológica.
• Casi el 40% de las bibliotecas participantes indicaron no poseer computadoras o equipos electrónicos requeridos para cumplir con un programa de asistencia tecnológica para personas con impedimentos.
• Aunque el 67% de las bibliotecas participantes alegaron que su biblioteca cuenta con los requisitos establecidos por el Americans with Disabilities Act (ADA), en cuanto a la accesibilidad de espacios físicos para personas con impedimentos, todas indicaron que no poseen una certificación oficial para estos fines.
• Entre las razones, que las bibliotecas participantes establecieron para no cumplir con la Ley Núm. 63 de 2011, se encuentran: Falta de recursos económicos, falta de orientación, falta de apoyo por parte de la administración y falta de recursos humanos.

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del gobierno para asegurar que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas, estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal. Para acceder a este informe o para conocer más sobre el Instituto de Estadísticas, pueden acceder la página web: www.estadisticas.pr.gov.  En las redes sociales a través de las cuentas de Facebook (@estadisticas.pr), Twitter (@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico).

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Contactos:

Idia M. Martínez, R-28

787-603-3200

Lourdes Burgos, R-27

787-562-2932

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Agradecemos al Senado de Puerto Rico por la aprobación del Proyecto del Senado 236, el cual propone crear la Ley de Datos Abiertos de Puerto Rico. En su versión original, la medida fue redactada por investigadores del Instituto y, posteriormente, fue avalada por la Junta de Directores del Instituto el año pasado. La implementación de esta Ley no le cuesta un centavo adicional al erario público y, por primera vez, ordena unas acciones específicas de divulgación proactiva de datos, que son elementos esenciales de una cultura de apertura como costumbre gubernamental (open by default). Por ejemplo, por primera vez, se mandata la publicación de los datos en formatos abiertos legibles por computadoras, uno de los elementos que más le dio dificultad a Puerto Rico la última vez que la Open Knowledge International evaluó la apertura de nuestras bases de datos.

Las enmiendas incorporadas por la Comisión de Gobierno del Senado atienden aspectos medulares de la medida que en definitiva complementan y fortalecen la medida. Por ejemplo, por primera vez se divulgarán los informes de viajes oficiales financiados con fondos públicos. Esto de por sí es una manera más efectiva de controlar los gastos en viajes oficiales que los esquemas de control administrativo que todos los Gobiernos utilizan.

A la misma vez, como en toda medida, siempre hay asuntos puntuales que podrían mejorarse. Estamos deseosos de que comience el análisis de esta medida en la Cámara de Representantes. Conocemos del compromiso del [presidente de la Cámara, Hon. Carlos "Johnny" Méndez Núñez, y del presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Hon. Jorge Navarro Suárez, con los temas de transparencia y acceso a los datos públicos, por lo cual estamos seguros que en la Cámara se le dará mucha prioridad a esta medida.

En definitiva, la Ley de Datos Abiertos que el Instituto de Estadísticas propone es pieza angular en lograr el Gobierno costo-efectivo, ágil y transparente que todos queremos.

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