Los incentivos son una de las piedras angulares de la formulación de políticas económicas modernas. En respuesta a las constantes reformulaciones mundiales de estas políticas, este informe proporciona un marco para una política de incentivos renovada y basada en datos para Puerto Rico. Para entender el desempeño de la Isla en términos de sus incentivos económicos, es necesario enfocarse en una evaluación sistemática del actual conjunto diverso de programas de incentivos bajo la Ley Núm. 60-2019, enmendada, conocida como el "Código de Incentivos de Puerto Rico" (Ley 60). Además, deben considerarse las leyes de incentivos previas para desarrollar una evaluación integral de su efectividad y recomendar un camino a seguir. Para desarrollar dicha evaluación, se diseñó y desarrolló una robusta infraestructura de datos de los beneficiarios de los programas. Esto, a su vez, permitió al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) apoyar la gestión continua de los incentivos económicos. Utilizando metodologías basadas en evidencia (con estimaciones limitadas), se recomiendan políticas programáticas clave para mejorar la medición y ejecución de dichos incentivos. Esta labor puede explicarse en tres acciones principales:1. Reunir todos los datos necesarios para estimar el análisis de Retorno sobre la Inversión (ROI), mientras se actualiza la fórmula del ROI.2. Desarrollar estudios de caso e ilustrar resultados, proyecciones y referencias comparativas.3. Realizar recomendaciones de datos y/o políticas para mejorar el impacto de los programas de incentivos actuales.Las políticas de incentivos de Puerto Rico tienen una historia compleja. Varios sectores y actividades han sido incentivados desde la década de 1950. La mayoría de los decretos contributivos actualmente vigentes fueron otorgados en los últimos 25 años mediante diversas legislaciones promulgadas desde 1997, como se muestra en la Figura 1. A pesar de esto, los beneficiarios han hecho la transición a las versiones más recientes de cada incentivo aplicable, conforme a la Ley 60. Además, estos “decretos heredados” podrían transicionar hacia incentivos más actualizados, como los de la Ley 60, durante la próxima década. Para medir el impacto completo de la Ley 60, se requiere una evaluación detallada de los programas de incentivos anteriores. Dado que los decretos bajo leyes previas constituyen la mayoría de los decretos activos, el impacto de la Ley 60 sigue siendo relativamente pequeño debido al número limitado de beneficiarios activos. Por lo tanto, para evaluar el desempeño real de los incentivos económicos en la Isla, se debe considerar todo el espectro de decretos activos y su respectiva legislación.